Un juez del estado de Veracruz vinculó a proceso al exfiscal general del estado, Jorge Winckler Ortiz, por el delito de tortura en contra de un exfuncionario de la administración de Javier Duarte.
Se trata de Gilberto Aguirre Garza, quien fungió como director de Servicios Periciales de la FGE durante el mandato del priista y quien sufrió numerosos abusos físicos y psicológicos tras su detención, ocurrida en 2018, cuando gobernaba el entonces panista Miguel Ángel Yunes Linares.
De acuerdo con los testimonios escuchados en el penal de Pacho Viejo, Winckler y su equipo sometieron al exfuncionario a acciones como obligarlo a escuchar reggaetón -especialmente a Maluma- a alto volumen durante el día y la noche, así como someterlo a interrogatorios nocturnos sin la presencia de sus abogados.
En total, Aguirre Garza perdió ocho kilogramos durante su detención, producto de las condiciones en las que lo mantenían. Dicha situación, aunada a los maltratos físicos y psicológicos que recibió y a las constantes presiones para incriminar al exfiscal Luis Ángel Bravo Contreras, constituye el delito de tortura de acuerdo con los Protocolos de Estambul.
Por ello, el juez a cargo del caso determinó que el exfiscal yunista enfrente un proceso penal bajo la medida de prisión preventiva justificada tras una audiencia que se extendió por más de diez horas.
Jorge Winckler, fiscal señalado por tortura y desaparición forzada
Durante su gestión al frente de la Fiscalía de Veracruz, Jorge Winckler estableció una estructura de persecución contra funcionarios del gobierno de Duarte de Ochoa, entonces ya detenido por corrupción y asociación delictuosa.
Tras su detención, ocurrida en Oaxaca en 2022, el excolaborador de Yunes enfrenta numerosas acusaciones por violaciones contra los derechos humanos, las cuales incluyen desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y tortura.
En 2024 enfrentó una primera acusación por el último cargo mencionado arriba, en contra de Francisco Zárate Aviña, jefe de escoltas de Bravo Contreras; sin embargo, sectores ligados al PAN y al exgobernador operaron en el Poder Judicial del estado para que Winckler obtuviera un amparo para enfrentar dicho proceso en libertad el pasado 20 de marzo, el cual quedó sin efecto con esta nueva resolución.
Imagen:
