El gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, exigió que se esclarezca el asesinato del ex director de la Unidad Política de Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda, Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien fue acribillado el pasado jueves en Temixco, Morelos.
En entrevista telefónica, el mandatario pidió al sistema de justicia que se lleve a cabo una investigación amplia debido a la relevancia del occiso, ya que era una pieza clave en las pesquisas de la Operación Zafiro, la cual operó una red de desvío de recursos que fueron a para a las campañas políticas del PRI en 2016.
Corral reconoció que Gamboa Lozano no ‘se mandaba solo’, sino que tenía que responder a sus superiores, por lo que pide que sean llamados a declarar el anterior titular de Hacienda, José Antonio González Anaya, así como el expresidente Enrique Peña Nieto; ya que, considera, es la única forma de llamar al exmandatario a rendir cuentas.
Se integra a la #MesaPolítica el gobernador de Chihuahua, @Javier_Corral, para hablar de la ejecución de Isaac Gamboa en Temixco, Morelos, y su vínculo con la investigación realizada por el gobierno de Chihuahua en torno a la 'Operación Safiro' https://t.co/IPi2gfSTOF pic.twitter.com/2vZE9WldY3
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) May 25, 2020
De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de Chihuahua, el gobierno federal otorgaba recursos a las entidades a través del Ramo 23, las cuales eran devueltas al partido a través de la contratación de empresas fantasma. Alejandro Gutiérrez, era el secretario general adjunto y el secretario de Finanzas del PRI, por lo que los recursos llegaban a él.
La relevancia de Isaac Gamboa en esta trama es que él era el encargado de autorizar todas las transferencias de recursos correspondientes al Ramo 23. Según Corral, fue este funcionario quien autorizó la entrega de 250 millones de pesos al estado de Chihuahua en enero de 2016, los cuales habrían servido para financiar las campañas electorales del tricolor.
Por lo tanto, él era el puente entre los políticos, los operadores locales y los altos funcionarios que autorizaron esta operación, entre los que podría estar Peña Nieto. Sin embargo, estos también contaban con aliados en otros sectores, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El ministro por “consigna” Eduardo Medina Mora, amigo del PRI, de Televisa y de Salinas, otorga amparo a @EPN para que fiscalía de Chuihuahua no lo investigue en relación con la Operación Zafiro. #Cleptocracia. pic.twitter.com/nrHrS3OROL
— Jenaro Villamil (@jenarovillamil) October 31, 2018
En octubre del año pasado, Corral Jurado denunció la complicidad que existió entre el exministro Eduardo Medina Mora y el anterior mandatario para ocultar la información de la Operación Zafiro. En 2018, Presidencia promovió un amparo para suspender cualquier investigación relacionada con la detención de Gutiérrez, el cual fue aprobado por el exprocurador.
Tras ser revocada la suspensión, el gobierno de Chihuahua pidió que se excusar a Medina Mora del caso debido a su amistad con Peña; sin embargo, esta situación fue ignorada hasta que se publicaron las fotos de ambos en la boda de la hija del abogado Juan Collado, lo cual provocó que el ministro presidente, Arturo Zaldívar, admitiera la reclamación.
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De acuerdo con fuentes cercanas al gobierno de César Duarte, la Operación Zafiro se llevó a cabo al menos en siete estados: Chihuahua, Durango, Morelos, Colima, Sonora, Estado de México y la Ciudad de México. El exsecretario estatal de Educación, Ricardo Yañez, declaró que en una reunión con funcionarios del PRI, les aseguraron que las empresas utilizadas estaban blindadas por el SAT.
Yañez fue condenado a cuatro años de prisión en 2017, acusado de haber desviado 246 millones de pesos a través de su dependencia. Sin embargo, su encierro terminó en agosto de 2019, cuando accedió a reponer 221 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Con información de Aristegui Noticias.
Imagen: ESPECIAL
