La conductora de televisión Inés Gómez Mont afirmó que tiene ‘mucho miedo’ de ser víctima de persecución por parte de las autoridades, luego de que estas reemprendieran las investigaciones en su contra por presunta defraudación fiscal, que se suman a la acusación de desvío de recursos.
A través de sus redes sociales, la presentadora hizo público que se enteró que las autoridades están buscando que se emitan más órdenes de aprehensión en su contra, por asuntos de pago de impuestos por los que ya habría logrado un arreglo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Tras afirmar que este es un acto de ‘mala fe’ por parte de las autoridades, Gómez Mont denunció que el procurador fiscal, Carlos Romero Aranda, inició un procedimiento penal en contra suya y de su esposo –el abogado Víctor Álvarez Puga- sin contar con las facultades legales para hacerlo, pues no estaba autorizado legalmente.
En segundo lugar, señaló que las autoridades mintieron cuando, el pasado 10 de septiembre, anunciaron que existía una orden de aprehensión en su contra, garantizando que no existía ningún trámite de ese tipo en esa fecha y acusó a estas de buscar que fuera juzgada por la opinión pública antes de que existiera un proceso.
Finalmente, asegura que el juez Zeferín Hernández estaba al tanto de esta situación y, en lugar de permitirles presentarse en libertad para aclarar su inocencia, se convirtió en cómplice de la supuesta persecución en su contra y emitió la orden de captura unos días más tarde, disponiendo que los señalados fueran recluidos en una prisión de máxima seguridad.
Finalmente, apuntó que, aunque tiene ‘mucho temor’ porque estos abusos continúen, tiene fe en que la verdad saldrá a la luz y su inocencia será comprobada. Reafirmó que es inocente y que seguirá levantando la voz para combatir la injusticia, aunque la quieran acallar.
Inés Gómez Mont, su esposo y su cuñado son acusados de haber desviado casi 3 mil millones de pesos provenientes de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), destinados a equipar las cárceles federales, hacia un entramado de empresas fantasma en las que los tres aparecen como los apoderados legales de la mayoría de estas.
Imagen: Reporte Índigo
