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¡Histórico! SCJN falla en favor de comunidad indígena y quita concesiones a minera canadiense

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió dejar sin efecto dos concesiones que había obtenido una compañía minera canadiense, luego de corroborar que esta atentó contra los derechos de una comunidad indígena del estado de Puebla.

La Primera Sala del máximo tribunal del país otorgó la razón a los pobladores de Tecoltemi, una comunidad nahua originaria del municipio de Ixtacamaxtitlán, quienes desde hace siete años han denunciado que los poderes Ejecutivo y Legislativo otorgaron ilícitamente los derechos de explotación de la región a Minera Gorrión, subsidiaria de la canadiense Almaden Minerals.

El proyecto redactado por la ponencia del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo corrobora que, en efecto, la compañía recibió la concesión sin realizar una consulta entre las comunidades afectadas, violando lo establecido en el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), siendo México uno de los 24 países que lo ha ratificado.

De esta manera, la SCJN ordenó a la Dirección General de Regulación Minera que le retire a Minera Gorrión las dos concesiones para la extracción de oro y plata a cielo abierto en la localidad. Sin embargo, dejó abierta la puerta para que esta realice la consulta y, si el resultado los favorece, regresar los derechos de explotación a la compañía canadiense.

Pese a que esta es la primera vez que la Suprema Corte resuelve un amparo por la violación al derecho de los pueblos indígenas a ser consultados sobre proyectos en sus territorios, queda la sensación de que se trata de una sentencia incompleta, ya que solo abarcó una de las dos peticiones de los habitantes de Tecoltemi.

Además de cancelar los permisos de Almaden Minerals en su comunidad, los pobladores también exigían en su recurso que se declarara como inconstitucional la actual Ley Minera, debido a que esta no contempla los derechos de los pueblos originarios; sin embargo, el proyecto redactado por el ministro Pardo y su equipo no consideró ilegal dicha legislación.

Pese a que la Secretaría de Economía había concedido las autorizaciones para Minera Gorrión desde 2003 y 2009, los habitantes de Tecoltemi se enteraron de esto hasta 2015 y, ante la posibilidad de ser privados de agua y otros recursos, decidieron presentar un recurso de amparo que se fue postergando hasta resolverse siete años después.

Con información de Sin Embargo y Pie de Página.

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