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GIEI publica tercer informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga el caso Ayotzinapa emitió este lunes un tercer informe en el que se profundiza el grado en el que las Fuerzas Armadas estuvieron implicadas en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en septiembre de 2014.

Entre las nuevas revelaciones que se desprenden de este documento destacan hechos como que el Ejército había realizado un seguimiento a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos desde días antes, el cual incluyó la infiltración de agentes, o que la Marina participó en la manipulación de los hallazgos.

Cuatro días antes de ‘La Noche de Iguala’, la comandancia de la 35 Zona Militar (Chilpancingo) ordenó al 50 Batallón de Infantería que se mantuviera al pendiente de las actividades realizadas por los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, con el presunto objetivo de informar sobre la salida de contingentes hacia las manifestaciones del 2 de octubre.

Sin embargo, este monitoreo no fue solamente externo, sino que al interior del plantel había al menos tres estudiantes que desempeñaban labores de inteligencia para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); sin embargo, los reportes de estos no estaban relacionados con actividades relacionadas al narcotráfico, sino a la organización del alumnado.

Otra de las revelaciones importantes provino de un equipo de vigilancia remota de la Marina, el cual captó el momento en el que integrantes de esa misma dependencia manipularon el basurero de Cocula, lugar en donde el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció los primeros hallazgos del caso, moviendo ‘bultos’, iniciando una hoguera y contaminando la escena.

El GIEI también descubrió que el Ejército y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tenían intervenidas las comunicaciones de actores clave que participaron en la desaparición de los normalistas, la cual fue realizada de forma ilegal; sin embargo, la documentación de estos hechos se detiene justo en las horas críticas del evento.

Pese a contar con esta información, que le hubiese permitido a las autoridades iniciar la búsqueda de los desaparecidos desde el mismo 26 de septiembre, no se adoptaron acciones inmediatas. Además, este dato estuvo oculto durante años, y solo se supo a partir de abril de 2021, gracias a la intervención del subsecretario Alejandro Encinas.

El informe también corrobora otros hechos ya conocidos, como el uso de tortura para fabricar testimonios falsos o el hecho de que la agente del Ministerio Público que firmó el acta del operativo que tuvo lugar en las inmediaciones del río San Juan en los días posteriores se encontraba en la Ciudad de México durante su ejecución, motivo por el que ya fue detenida.

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