Este martes, la Fiscalía General de la República (FGR) finalmente presentó una acusación formal en contra de la extitular de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Urbano (Sedatu), Rosario Robles Berlanga, acusada por omisiones en el ejercicio del servicio público, relacionados con los desvíos de recursos de la Estafa Maestra.
La FGR solicitó que la exfuncionaria reciba una pena de hasta 21 años de prisión. También pidieron que se le imponga una inhabilitación del servicio público por el mismo periodo de tiempo, así como una multa de económica de 450 días, la cual se estima que podría alcanzar los 2.5 millones de pesos.
El delito de omisión en el servicio público está contemplado por el Código Penal con un castigo de hasta 7 años de cárcel; sin embargo, en la audiencia inicial el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinó perseguir el delito por separado, considerando diferentes los desvíos de Sedatu y los de Sedesol.
Esto daría un total de 14 años; sin embargo, la Fiscalía considera que el delito se cometió de manera continuada y, por lo tanto, existe una agravante que incrementa 3.5 años por cada falta, adicionando otros siete años a la castigo.
La @FGRMexico solicitó a un juez de control imponer una pena de 21 años de prisión a la extitular de Sedesol y Sedatu, @Rosario_Robles_ Berlanga, por el delito de ejercicio ilícito del servicio público.https://t.co/M2dHZC48Ub
— Proceso (@proceso) August 26, 2020
Ahora que la FGR presentó su acusación de manera formal, tanto la defensa de Robles como la Auditoría Superior de la Federación tienen un plazo de diez días para dar su posicionamiento. Posteriormente, el juez ordenará una audiencia intermedia para decidir qué pruebas se mantienen y, finalmente, se iniciará un nuevo juicio antes de que concluya el año.
El representante legal de la exfuncionaria, Epigmenio Mendieta, manifestó su inconformidad con la sanción propuesta por la Fiscalía, calificándola de ‘desproporcionada’. Además, aseguró que es un ejemplo de justicia selectiva, ya que –afirma- su cliente no tenía la facultad de evitar la firma de convenios, la cual correspondía al oficial mayor.
La Estafa Maestra fue un esquema de desvío de recursos a través del cual las dependencias federales otorgaban contratos a las universidades por servicios que no podían prestar. Estas, a su vez, subcontrataban a empresas fantasma, las cuales tampoco entregaban los proyectos.
Hasta el momento, se ha comprobado la desaparición de más de 7 mil 500 millones de pesos; sin embargo, se estima que el total podría alcanzar los 13 mil millones. Sedesol y Sedatu –ambas encabezadas por Robles y su equipo- son las dos dependencias en donde se presentaron los mayores desvíos.
Con información de Animal Político.
Imagen: ESPECIAL