La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco integra una carpeta de investigación relacionada con José del Carmen Castillo Ramírez, excomisionado de Seguridad Pública de la entidad, cuyo nombre apareció en documentos militares filtrados por Guacamaya Leaks y fue señalado por presuntos vínculos con el grupo delictivo “La Barredora”.
El fiscal general del estado, Óscar Tonathiu Vázquez Landeros, confirmó que el expediente se encuentra en proceso de integración, aunque evitó proporcionar detalles sobre su contenido.
“Estamos en integración de ella”, se limitó a responder el funcionario al ser cuestionado sobre el caso.
José del Carmen Castillo asumió el cargo de comisionado de Seguridad Pública de Tabasco el 5 de enero de 2024, un día después de que se registraran 23 asaltos a establecimientos de abarrotes en tres municipios del estado. Estos hechos derivaron en cambios dentro de la estructura de seguridad estatal y antecedieron a la salida de Hernán Bermúdez Requena.
Castillo permaneció menos de un mes como comisionado, pues dejó la responsabilidad el 2 de febrero de 2024. En su lugar fue designado Víctor Hugo Chávez Martínez, quien posteriormente estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco.
La investigación contra Castillo se conoce mientras la Fiscalía estatal mantiene abiertos distintos procesos relacionados con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Durante una audiencia intermedia de uno de los procesos penales que enfrenta por secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa, el Ministerio Público solicitó una pena acumulada de 154 años de prisión.
La petición contempla 100 años de prisión por secuestro, 30 años por extorsión agravada y 24 años por asociación delictuosa. La suma corresponde a los 154 años solicitados por la Fiscalía. La institución también pidió una reparación del daño por más de 628 millones de pesos. La solicitud deberá ser analizada y resuelta por un juez y no constituye una sentencia.
Según la acusación presentada por la Fiscalía, la investigación sostiene que habría existido un grupo integrado por policías y terceros que presuntamente participaron en hechos relacionados con el control y comercialización ilegal de combustible. También se investigan actos encaminados a obligar a una víctima a vender combustible de procedencia ilícita y entregar una estación de servicio.
La actualización del proceso ocurrió después de que se difundiera una carta atribuida a Bermúdez Requena, fechada el 3 de agosto, en la que se declara inocente de los delitos que se le imputan y afirma ser víctima de una persecución política y mediática.
El proceso por el que la Fiscalía solicita los 154 años no es la única causa penal que enfrenta el exsecretario. El fiscal general de Tabasco, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, informó que existen tres carpetas de investigación relacionadas con Bermúdez Requena y señaló que la institución continuará las investigaciones respetando sus derechos y los de las víctimas.
Una de esas carpetas corresponde al delito de peculado, relacionado con la presunta recepción de vehículos destinados a funciones de seguridad pública y su posterior distracción para obtener un beneficio particular. Por este delito, la pena podría ubicarse entre dos y 14 años de prisión, según lo señalado por el fiscal.
En este expediente, la Fiscalía solicitó una ampliación de dos meses al periodo de investigación complementaria para integrar elementos antes de presentar la acusación. A estos procedimientos se suma el proceso por desaparición forzada de personas, por el cual Bermúdez Requena fue vinculado a proceso en abril pasado.
La Fiscalía ha señalado que la pena por desaparición forzada podría ser de 40 a 60 años de prisión por cada víctima. La investigación continúa abierta y el plazo de investigación vence el próximo 4 de octubre.
El fiscal explicó que dentro de esta investigación existe una víctima mujer y que dicha circunstancia podría representar una agravante de la sanción, de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. La legislación federal establece para el delito de desaparición forzada una pena de 40 a 60 años de prisión. El proceso podría representar una sanción adicional en caso de que los hechos sean acreditados y exista una sentencia condenatoria.
