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El turbio historial de César Duarte y las acusaciones que llevaron a su detención

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, enfrenta un proceso penal por el presunto desvío de 96 millones de pesos de recursos públicos a empresas en las que él tenía participación como accionista. Sin embargo, esta es solo una en el amplio historial de acusaciones en su contra.

Tras haber sido extraditado desde Estados Unidos -país en donde fue capturado en 2020- el exintengrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue transferido a la Fiscalía General del Estado (FGE) y presentado ante un juez de control, quien determinó que enfrente su audiencia inicial este mismo viernes.

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La acusación con la que se logró su captura y regreso a México está relacionada a una serie de operaciones que las autoridades han considerado como simuladas, en las que la Secretaría de Desarrollo Rural de su gobierno habría transferido hasta 96 millones de pesos a instancias como la Unión Ganadera División del Norte, en la que era socio.

Sin embargo, los señalamientos por probables irregularidades llegaron desde antes de asumir la gubernatura, pues la adquisición de una serie de ranchos -algunos a precios muy inferiores a los del mercado- despertaron sospechas de enriquecimiento ilícito.

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Ya en el cargo, protagonizó escándalos como el de Banco Unión Progreso, institución creada por su secretario de Hacienda, Jaime Herrera, pocos días antes de asumir dicha cartera. Desde el gobierno de Chihuahua, se transfirieron cerca de 65 millones de pesos a través de un fideicomiso en el que también participaba su esposa, Bertha Gómez Fong.

Otra serie de acusaciones constantes fue el desvío de recursos para financiar las campañas del PRI. En 2016, el gobierno de Javier Corral denunció que la administración Duarte había retenido parte de los salarios de 700 funcionarios estatales, redirigiendo hasta 80 millones de pesos a las arcas del partido tricolor.

El segundo señalamiento de este tipo fue la Operación Safiro, en la que siete gobiernos estatales crearon una red de empresas fantasma para financiar las elecciones de 2015 y 2016, siendo Chihuahua el estado que aportó más recursos, con 246 millones de pesos que también terminaron en las cuentas priistas.

También destaca el robo de ganado que estaba destinado a pequeños productores del estado. Se estima que mil 400 cabezas de ganado de las 2 mil 600 adquiridas durante su mandato terminaron desaparecieron misteriosamente. El intermediario que iba a entregar las vacas a los beneficiarios y que terminó por ‘perderlas’ era, precisamente, Unión Ganadera División del Norte.

De igual forma destacó la constante contratación de deuda, la cual ascendió hasta los 55 mil millones de pesos hacia el final de su mandato y la existencia de una ‘nómina secreta’, a través de la cual pagaba a medios de comunicación y políticos de oposición a cambio de que apoyaran sus iniciativas.

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Una de las personas que fue señalada como parte de esta trama fue la actual gobernadora del estado, Maria Eugenia Campos Galván, a quien se le acusó de recibir hasta 9 millones de pesos por parte de Duarte. Esta situación ha generado dudas sobre la forma en la que procederá su gobierno en el proceso.

Sin embargo, ‘Maru’ no es la única persona involucrada que ha sido vinculada al exgobernador, ya que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua (TSJ), Myriam Victoria Hernández Acosta, llegó a la magistratura gracias a una reforma promovida por Duarte e incluso testificó a favor de este ante las autoridades de Estados Unidos, afirmando que se trataba de un ‘perseguido político’.

Por estos motivos, la oposición encabezada por Morena y el exgobernador Javier Corral -panista como Campos, pero con un enfrentamiento abierto con ella- han pedido que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) para evitar suspicacias.

Hasta la publicación de esta nota, en la audiencia inicial contra César Duarte se tuvo un receso para que el acusado discutiera su estrategia con su equipo legal. Posteriormente, hacia las once de la mañana, el Ministerio Público presentó las transferencias a través de las cuales se desviaron los 96 millones de los que se le acusa.

Con información de Raichali, Infobae, Milenio y MCCI.

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