De acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Nacional Electoral (INE), la opción de investigar y enjuiciar a actores políticos del pasado –incluyendo expresidentes- se impuso con una abrumadora mayoría en la consulta popular de este domingo. Sin embargo, no se alcanzó el porcentaje para hacer vinculante el resultado.
Hasta las 9:30 de la mañana de este lunes, el conteo inicial realizado por el órgano electoral ya abarcaba el 99 por ciento de las casillas computadas, arrojando que el 97.7 por ciento de los participantes (6.4 millones de personas) en este ejercicio votaron a favor de procesar a aquellos exfuncionarios públicos que hayan cometido delitos durante su encargo.
Por el contrario, tan solo 1.5 por ciento de los votantes (102 mil 121 personas) se manifestaron en contra de indagar las acciones de dichos personajes y un 0.7 por ciento (48 mil 533) anuló su sufragio. Esto representó una participación del 7.07 por ciento del padrón electoral del país.
No obstante, esto no es suficiente para que el apoyo masivo a investigar y, en su caso, enjuiciar a estos servidores públicos sea llevado a cabo, pues cabe recordar que, para que el resultado fuera vinculante, se requería de una participación ciudadana del 40 por ciento, es decir, 37.4 millones de votantes.
#ConsultaPopular | PREP del INE: Con el 57% computado, el SÍ acumula 97% de votos frente al 1.5% del NO
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La iniciativa para enjuiciar a los expresidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto surgió de manera oficial en agosto de 2020, cuando los activistas Ariadna Bahena y Omar García acudieron ante el Poder Legislativo para solicitar autorización para recabar firmas.
Dicha instancia les dio luz verde y les concedió un periodo de dos semanas para recabar un apoyo del 2 por ciento de la lista nominal (1.8 millones de votantes). El 15 de septiembre, último día para recolectar firmas, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al Congreso para solicitar que el ejercicio se llevara a cabo.
Posteriormente, el asunto fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual determinó la validez constitucional de la consulta. Sin embargo, cambió la pregunta para que esta abarcara a cualquier servidor público de administraciones pasadas, bajo el argumento de que la declaración original atentaba contra la presunción de inocencia de los exmandatarios.
Tras la validación, el INE tuvo que organizar la realización del evento, para lo cual exigió una inyección adicional de mil 500 millones de pesos. Al ser denegada su petición, terminó por instalar solo un tercio de las casillas que se utilizaron durante las elecciones intermedias del 6 de junio. Además, fue acusado de no haber dado la difusión suficiente a la consulta.
Con información del Insituto Nacional Electoral.
Imagen: Expansión Política
