El fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, rechazó la decisión de Estados Unidos de revocar su visa y la de otros 12 ciudadanos bolivianos, al considerar que una medida migratoria de otro Estado no debe afectar las atribuciones constitucionales del Ministerio Público.
El pronunciamiento se produjo durante una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional, mientras el Gobierno boliviano anunció que solicitará a Washington información y elementos probatorios sobre las acusaciones contra los afectados.
Mariaca, quien investiga el caso relacionado con Fernando Cerimedo, aseguró que la decisión estadounidense no modificará las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía. “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó durante la conferencia de prensa, en la que rechazó las acusaciones formuladas en su contra.
Washington sostiene que el fiscal general abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia. La acusación se enmarca en una política de restricciones de visa anunciada por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, señalados por corrupción o por socavar gobiernos elegidos democráticamente.
Mariaca afirmó que recibió “con mucha sorpresa” la noticia, pero sostuvo que la decisión migratoria de Estados Unidos no puede condicionar el ejercicio de sus funciones. “No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, afirmó al referirse al proceso contra el exasesor del presidente Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.
Además de investigar a Cerimedo, estratega y fundador del portal La derecha diario, recluido en el penal de Chonchocoro por el intento de asesinato de Nadia Beller, Mariaca inició investigaciones sobre las denominadas “narcomaletas” y los combustibles, hechos que generaron controversia política en Bolivia.
El Gobierno boliviano también respondió a las acusaciones estadounidenses. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, las calificó de “muy graves”, mientras que el Ejecutivo anunció que solicitará información complementaria y elementos probatorios para que sean conocidos en Bolivia y se investiguen los hechos.
Por su parte, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó que se iniciará una investigación sobre la lista difundida por Estados Unidos contra los ciudadanos bolivianos observados. También señaló que se realizarán las acciones necesarias para que las personas involucradas comparezcan ante la justicia boliviana.
