El gobierno de Puebla aclaró que la detención del activista Renato Romero se debió a que la Fiscalía General del Estado (FGE) cumplimentó una orden de aprehensión ya existente en su contra.
A través de un comunicado, la dependencia informó sobre el operativo ejecutado en la capital de la entidad este martes, en el que aseguraron al activista, conocido por su labor social en favor del derecho al agua de las comunidades originarias frente a la actividad de corporaciones transnacionales.
De acuerdo con la FGE, Romero Camacho enfrenta cargos por daños a propiedad ajena y despojo agravado luego de que comandó a un grupo de aproximadamente 30 personas, quienes presuntamente causaron daños materiales y tomaron posesión de un predio en el que se realizaban trabajos de instalación de tubería para agua potable, el pasado 28 de mayo.
Este miércoles, durante una rueda de prensa de la Universidad del Deporte, la periodista Claudia Martínez presentó el caso de la detención del luchador social ante el gobernador Alejandro Armenta, quien señaló que su administración le da voz a todos y respeta los derechos humanos, tal como los establece la constitución.
Añadió que le dará seguimiento a través de la Fiscalía, pese a que se trata de una situación entre dos particulares y no por parte del Estado. Tras asegurar que los actos tienen consecuencias, pidió al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala, que leyera el comunicado de la FGE, afirmó que da seguimiento a los casos más sensibles y aseguró a Martínez que la Comisión Estatal de Derechos Humanos también estará al pendiente.
