Este miércoles se dio a conocer la captura de César Duarte Jáquez, exgobernador del estado de Chihuahua, por su implicación en la ‘Operación Safiro’, un esquema de desvío de recursos implementado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para financiar campañas políticas de manera ilegal.
El exmandatario fue detenido en un taller en el estado de Florida, después de permanecer prófugo de la justicia durante más de tres años, acusado de haber utilizado diversas instancias gubernamentales para otorgar contratos a empresas fantasma que, a su vez, depositarían los recursos otorgados en las cuentas del partido tricolor.
Además de su ya comprobada participación en la ‘Operación Safiro’, este jueves fue anunciado por el actual gobernador –Javier Corral- que un despacho de abogados de Estados Unidos detectó una red de 50 propiedades vinculadas al detenido, familiares y colaboradores; incluyendo el domicilio en el que fue capturado.
Tenía César Duarte al menos 50 propiedades en Texas, Nuevo México y Florida https://t.co/xJBAu3ZlB2 pic.twitter.com/nVzTjHFIQz
— Aristegui Noticias (@AristeguiOnline) July 10, 2020
Hasta el momento, solo han sido investigados judicialmente funcionarios de la administración de Duarte en Chihuahua, a pesar de que la investigación periodística que reveló esta red de desvíos descubrió que participaron otros cinco estados y una alcaldía de la Ciudad de México, todos gobernados por el PRI.
Si bien el gobierno del hoy detenido fue el mayor contribuyente de este sistema de malversación de fondos federales, aportando 246 millones de pesos, aún quedan 400 millones por investigar, provenientes de Durango, Sonora, Morelos, Colima, Estado de México y la alcaldía Milpa Alta de Ciudad de México.
Las dos primeras entidades son las que más aportaron, después de Chihuahua. En el caso de Durango, el exgobernador Jorge Herrera Caldera contribuyó con 230 millones de pesos; mientras que la aún gobernadora sonorense Claudia Pavlovich puso otros 140 millones, los cuales aún no han sido investigados por las autoridades.
El caso de Sonora es sumamente llamativo debido a que realizó la mayor dispersión de recursos, utilizando a siete de las doce empresas ‘fachada’ involucradas para desviar recursos; incluyendo a tres de las cuatro que fueron elegidas por Duarte Jáquez para transferir los recursos al PRI.
Todas las empresas que participaron en el desfalco –el cual se llevó a cabo durante abril de 2016-, incluyendo las siete utilizadas por Pavlovich, aparecían como propiedad de un grupo de policías del Estado de México y sus familiares. Uno de ellos fue detenido por robo ese mismo año y sus domicilios fiscales correspondían a casas y locales en colonias populares.
Con información de MCCI y Excélsior.
Imágenes: MCCI y ESPECIAL
