Un grupo de asociaciones civiles acudió ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) para denunciar a los expresidentes mexicanos Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por más de un centenar de crímenes de lesa humanidad que se dieron durante sus respectivos mandatos.
La Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos (CMDPDH), en conjunto con la Federación Internacional de los Derechos Humanos y el despacho Idheas Litigio Estratégico, fue la encargada de llevar la acusación ante el máximo tribunal de justicia internacional los 197 casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por diversos cuerpos de seguridad entre 2006 y 2018.
La directora ejecutiva de la CMDPDH, Graciela Rodríguez Manzo, señaló que los crímenes cometidos por instituciones como el Ejército, la Marina y la Policía Federal fueron perpetrados de manera sistemática y generalizada durante aquella época, los cuales fueron documentados en 166 recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La activista añadió que en México existen bases razonables para acreditar la comisión de tortura y otros delitos de lesa humanidad en el marco de la famosa ‘Guerra contra el Narcotráfico’ iniciada por Calderón en diciembre de 2006, en la que esta fue utilizada como un método de investigación que suplantó al debido proceso.
También mencionó que los casos que fueron presentados ante la CPI muestran ataques hacia la población civil que se llevaron a cabo de forma colectiva y recurrente a lo largo y ancho del territorio nacional y que en todos se dio el uso de las Fuerzas Armadas como instrumento de esta ‘política de seguridad’.
En la documentación se acreditaron al menos tres tipos de tortura: física, sexual y psicológica, que involucraron a un total de 642 víctimas, procedentes de 26 entidades federativas. De los tres cuerpos señalados, el Ejército es el que concentra la mayor cantidad de denuncias (97) y de afectados (313).
La CMDPDH considera que el ejercicio de la violencia contra la población civil debe ser considerado como una ‘política de Estado’, ya que no solo se dio el involucramiento de las autoridades ya señaladas, sino que la actuación de estas fue propiciada, tolerada y ordenada por los más altos mandos, en su necesidad de demostrar resultados en materia de seguridad.
Con información de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Imagen: Forbes México
