La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de suspender temporalmente el proceso de la consulta de revocación de mandato ha causado polémica incluso en el seno de la propia institución, pues cinco de los once consejeros votaron en contra de dicha propuesta.
Tanto en la sesión extraordinaria del pasado 17 de diciembre como a través de diversas plataformas, algunos de ellos han denunciado que, entre la mayoría que se impuso, no hubo una voluntad para explorar alternativas que evitaran contravenir el mandato constitucional y la determinación inicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Dos de ellos, Carla Humphrey y César Martín Faz, ratificaron esta postura en diversas entrevistas que ofrecieron ante medios alternativos, como el noticiero Sin Censura, de Vicente Serrano, o Los Periodistas, espacio encabezado por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.
En estos encuentros, los funcionarios electorales mostraron su inconformidad con la medida adoptada por el Instituto, pues consideran que existían opciones para que las actividades relacionadas con la consulta ciudadana se mantuvieran activas mientras la SCJN resuelve el fondo de la controversia promovida.
Faz Mora, por ejemplo, apunta que, ante la falta del presupuesto que se estima necesario para llevar un ejercicio de envergadura similar al de una elección federal, sus compañeros afirmaron que solo se podrían instalar alrededor de 65 mil casillas, cantidad tres veces menor a las utilizadas en el proceso del pasado mes de junio.
Sin embargo, si el Poder Judicial termina por resolver que solo podrán utilizar los mil 500 millones generados por ahorros propios, esa cantidad de casillas se podría incrementar hasta 80 mil si, en lugar de hacer un proceso de selección de funcionarios de 12 millones de personas solo se centran en los 2 millones que participaron en los comicios anteriores, ahorrando grandes sumas en capacitación.
Humphrey, por su parte, asegura que a sus compañeros consejeros ‘les faltó imaginación’ para explorar este tipo de alternativas, destacando que quienes llevan más tiempo en el órgano electoral –como Lorenzo Córdova o Ciro Murayama- prefieren irse ‘a la segura’ antes que buscar opciones creativas para garantizar y potenciar la participación ciudadana.
Cuestionada por Serrano sobre si considera que los seis consejeros que provocaron la suspensión temporal del proceso están violando la ley, la exfuncionaria de Inteligencia Financiera evitó aludir a ellos directamente, aunque sí reconoció que, al tomar esta determinación, el INE está violando lo establecido en la Constitución.
Esta resolución por parte del Instituto viene después de que la Suprema Corte rechazara en primera instancia el recurso de inconstitucionalidad sobre los recursos con los que se debe operar la consulta de revocación de mandato, pues determinó que este debe utilizar los fondos con los que cuenta y, en caso contrario, sus integrantes podrían enfrentar cargos administrativos y penales.
En lugar de buscar opciones para acatar la determinación del máximo tribunal, el consejero Córdova propuso alternativas para obtener los 3 mil 800 millones que pide para realizar el ejercicio, como que el Congreso utilice sus facultades para modificar el presupuesto federal o que el Ejecutivo ordene la liberación de ingresos extraordinarios de la Hacienda Pública.
Con información de Los Periodistas y Sin Censura.
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