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CNDH ordena a la Fiscalía medidas cautelares a favor de exfuncionarios de Conacyt

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció medidas cautelares en contra de la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso de los 31 funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que han sido señalados por desviar más de 244 millones de pesos del erario público.

A través de un comunicado, la entidad encabezada por Rosario Piedra Ibarra informó a la opinión pública que decidió tomar medidas en favor de los ‘miembros de la comunidad científica’ por considerar que estos están siendo víctimas de una persecución mediática, además de que no se les ha otorgado acceso a la carpeta de investigación en su contra.

La CNDH señalo que, el pasado 15 de octubre, recibió una queja por escrito por parte de los afectados, quienes denunciaron presuntas violaciones a sus derechos humanos por parte del personal de la Fiscalía y del Conacyt, motivo por el cual solicitaron la emisión de medidas cautelares.

Por ello, la Comisión emplazó a la dependencia encabezada por Alejandro Gertz Manero para que sus empleados se abstengan de informar a la opinión pública información que solo deban conocer los agentes ministeriales, evitar revelar nombres y datos que comprometan la investigación o afecten a la dignidad de los implicados y que a estos se les otorgue el acceso al expediente del caso.

La FGR señaló a 31 integrantes del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), órgano de gobierno del Conacyt, de haber desviado 244 millones de pesos entre 2013 y 2018, los cuales se utilizaron en cuestiones no vinculadas a la investigación científica, valiéndose de que dicha instancia se constituyó –ilegalmente- como una asociación civil que no transparenta sus operaciones.

La información sobre este caso era pública desde 2019, cuando el portal PODER publicó un extenso artículo en el que detalló que dichos recursos se utilizaron en el pago de viajes personales al extranjero, viáticos e incluso la adquisición de un inmueble en la alcaldía Coyoacán.

Entre los involucrados se encuentra la anterior directora adjunta de Conacyt, Julia Tagüeña Parga, quien el año pasado fue objeto de una investigación de Contralínea en la que se le acusó de haber utilizado los fondos institucionales para financiar proyectos en los que participaba su marido, el investigador Manuel Martínez Fernandez.

Otro de los involucrados es Elías Micha Zaga, quien formó parte del FCCyT entre 2013 y 2016, antes de que Enrique Peña Nieto lo nombrara coordinador de Ciencia y Tecnología de Presidencia. Su hermana, Adela Micha, fue una de las comunicadoras que recibieron más dinero por publicidad oficial durante aquella administración

Pese a la gravedad de las acusaciones, dos jueces federales rechazaron emitir órdenes de aprehensión en contra de los 31 implicados. Uno de ellos se justificó afirmando que convertir al órgano de gobierno de una instancia federal en una organización privada para disponer del erario público no representa una conducta delictiva.

Con información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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