Tras la reunión sostenida entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, Alejandro Encinas Rodríguez presentó las conclusiones del informe sobre la labor de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa, el cual calificó como un ‘crimen de Estado’.
Desde Palacio Nacional, el titular de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó a los medios de comunicación sobre el reporte entregado a las familias de las víctimas unos minutos antes, evento que calificó como una ‘reunión dolorosa’.
El subsecretario señaló que los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 son considerados como un crimen de Estado, debido a que diversas instancias de los tres niveles de gobierno fueron omisas pese a contar con información sobre el paradero y actividades de los estudiantes en todo momento.
Peor aún es el hecho de que, tras la desaparición de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, autoridades del más alto nivel actuaron con negligencia, existiendo elementos para presumir que estas alteraron hechos y circunstancias para construir conclusiones alejadas de la realidad (‘Verdad Histórica’).
También se descartó que la presencia de los estudiantes normalistas en Iguala haya tenido intención de boicotear el evento que llevó a cabo María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde; sino que se vieron obligados a acudir a dicha localidad luego de que la Policía Federal les impidiera la toma de camiones en otros municipios.
Otros de los postulados de la ‘Verdad Histórica’ que han sido desmentidos son que los estudiantes estuvieran en comunicación con los integrantes del cártel Guerreros Unidos y que hayan permanecido juntos tras la salida de la Terminal de Autobuses de Iguala, así como en el momento de su desaparición.
De igual forma, se sabe que la orden de desaparecer a los estudiantes se dio hacia las 22:46 del 26 de septiembre y, hasta el momento, no existen indicios físicos o financieros que indiquen que estos siguen con vida; por el contrario, toda la evidencia recabada apunta a que fueron ultimados ese mismo día.
Además, Encinas también confirmó la identificación de los restos de tres de los desaparecidos, insistiendo en que hay diversos lugares que aún deben ser indagados, como la ribera del río Balsas, la laguna del ‘nuevo Balsas’ y diversos parajes en los municipios de Iguala, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Tonalapa y en las inmediaciones de Tepehuaje.
Finalmente, dio a conocer que existen evidencias suficientes para que la Fiscalía General de la República (FGR) emprenda acciones penales en contra de 33 personas, entre integrantes de Guerreros Unidos y funcionarios municipales y federales; aunque posteriormente descartó que el expresidente Enrique Peña Nieto se encuentre entre ellos.
El soldado desaparecido
Se sabe que las Fuerzas Armadas contaban con un informante infiltrado en la Normal Rural, el cual les informaba sobre las asambleas y movilizaciones estudiantiles. Se trataba de Julio César López Patolzin, soldado de infantería adscrito al 27 Batallón, con sede en Iguala, Guerrero.
El último reporte enviado por el militar tuvo lugar hacia las diez de la mañana del 26 de septiembre de 2014, siendo retenido y desaparecido junto con los otros 42 alumnos normalistas. Su paradero se desconoce desde entonces.
Pese a su ausencia, su estatus como elemento activo y a que se encontraba desempeñando la labor que le había sido encomendada, su superior inmediato, el teniente de Infantería Francisco Macías Barbosa, actuó de manera omisa y no realizó ninguna acción de búsqueda para localizarlo, tal como se establece en el Protocolo para Militares Desaparecidos de la Sedena.
Los responsables de la ‘Verdad Histórica’
Durante su comparecencia, Encinas reveló que en febrero de este año se tuvo un acercamiento con Tomás Zerón de Lucio –actualmente escondido en Israel– y sus abogados con el objetivo de ofrecerle un criterio de oportunidad para que aporte información estratégica a la investigación; sin embargo, este declinó la oferta.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, Zerón fue el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta PGR y se le ha señalado por haber incurrido en diversas irregularidades para justificar la versión que afirmaba que los estudiantes fueron secuestrados, ejecutados e incinerados por Guerreros Unidos sin participación del Estado.
Entre estas se encuentran la manipulación de una posible escena del crimen en el basurero de Cocula, en donde fue visto plantando restos óseos; así como haber participado en numerosos actos de tortura contra testigos para obtener declaraciones que se ajustaran a la ‘Verdad Histórica’.
Otro personaje que destacó durante las averiguaciones fue el entonces procurador general, Jesús Murillo Karam, quien intentó imponer la versión oficial por todos los medios y que es recordado por la frase ‘ya me cansé’ ante los cuestionamientos de la prensa sobre el caso.
Murillo fue relevado de sus funciones en febrero de 2015 y reubicado temporalmente en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual abandonó en agosto de ese mismo año. Desde entonces se mantiene alejado de la vida pública.
Su única aparición ante los medios desde entonces fue una entrevista concedida a Carlos Marín (Milenio) en 2019, en la que siguió justificando la ‘Verdad Histórica’. En 2021, una investigación descubrió que sus hijos obtuvieron hasta 7 millones de pesos en licitaciones de la FGR, otorgadas por funcionarios que coincidieron con él en la PGR.
Quien también jugó un papel determinante en la obstrucción del caso fue el general Salvador Cienfuegos Zepeda, entonces secretario de la Defensa Nacional (Sedena), quien se manifestó públicamente en contra de que elementos de las Fuerzas Armadas fuesen interrogados pese a las discrepancias entre la versión oficial y los testimonios externos.
El militar volvió al ojo público en 2020, cuando fue detenido en Los Ángeles por agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), quienes lo acusaron de presuntos vínculos con organizaciones criminales, como el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, los cargos fueron retirados en noviembre de ese año, tras un acuerdo entre el gobierno estadounidense y el mexicano, pues había una carpeta de investigación abierta aquí. En febrero de 2021, la FGR tomó la decisión de no ejercer acción penal en su contra, pues acusaron a los primeros de no enviar evidencias completas.
El alcalde de Iguala
El entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa huyeron de la localidad luego de que Murillo los señalara como los ‘autores intelectuales’ de la desaparición de los estudiantes, con quienes ya habían tenido roces por el asesinato del activista social Arturo Hernández.
La pareja fue detenida en la Ciudad de México en noviembre de 2014 y vinculada a proceso por delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, cargos por los que fueron encontrados culpables y por los que permanecen en prisión hasta el día de hoy.
Este mismo miércoles, Abarca -de quien se presume sufre de cáncer de próstata- consiguió un amparo para que se reponga el proceso penal en su contra, tal como ocurrió con Pineda en 2020. Pese a ello, esta última volvió a ser encontrada culpable de las imputaciones, por lo que sigue detenida.
El papel de ella es uno de los más intrigantes, pues varios de sus hermanos formaron parte del cártel de los hermanos Beltrán Leyva, con el que Guerreros Unidos tiene vínculos. Algunas versiones aseguran que Abarca y su esposa habrían financiado la campaña del gobernador Ángel Aguirre en 2011 con recursos de dicha organización.
Con información del Gobierno de México, Animal Político, Capital 21 y SDP Noticias.
Imagen: Reuters
