El informe que la Comisión de Verdad y Justicia para el caso Ayotzinapa presentó en agosto enfrenta serios cuestionamientos luego de que el Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI) encontró serias inconsistencias en algunas de las pruebas presentadas.
Durante una conferencia de prensa, los investigadores apuntaron que estas irregularidades -probablemente provocadas por el apuro de las autoridades por resolver el caso de los 43 estudiantes desaparecidos- ponen en riesgo toda la investigación.
En particular, los señalamientos del GIEI apuntan a la inclusión de 467 capturas de pantalla, en las cuales reconstruyeron 37 presuntas conversaciones cuya veracidad no puede comprobarse y que aparecen como evidencia de la colusión entre el crimen organizado e instituciones del Estado mexicano.
De acuerdo con estas conversaciones, policías de los municipios de Iguala, Huitzuco, Cocula y Tepecoacuilco colaboraron con el cártel Guerreros Unidos para capturar, asesinar y desaparecer a los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre de 2014.
Algunas de estas comunicaciones permitían establecer la ruta que siguieron los estudiantes durante esa jornada, así como la implicación de policías, militares y narcotraficantes en su desaparición, estos últimos coludidos con el entonces presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca.
Entre ellos destacan los de Bernardo Flores Alcaraz, uno de los líderes estudiantiles, quien habría comunicado a sus compañeros en otros camiones sobre las agresiones sufridas a manos de delincuentes y uniformados a la vez. Este es el último traspié de la investigación desde que el informe sobre Ayotzinapa se publicó, a finales de agosto.
Con información de Sin Emabrgo.
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