La revisión de la Cuenta Pública de 2018 reveló que, durante dicho ejercicio, siete universidades públicas replicaron el esquema de desvío de recursos de la llamada ‘Estafa Maestra’, ya que firmaron convenios con instituciones federales a pesar de no tener la capacidad para cumplirlos, por lo que los subcontrataron a terceros, generando un daño patrimonial de 745 millones de pesos.
Las instituciones señaladas por la Auditoría Superior de la Federación son la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSin), la Universidad Tecnológica de Campeche (UTCam), la Universidad Politécnica de Huatusco (UPH), el Instituto de Especialistas en Recursos Naturales y el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (Itsco).
Fue en la última institución en donde se presentaron las irregularidades más costosas. Entre 2014 y 2018, suscribió contratos con nueve dependencias federales por un valor de 282 millones de pesos. Sin embargo, procedió a subcontratar ante terceros el 49 por ciento de los convenios, debido a su falta de capacidad técnica para cumplir con los encargos.
#Nacional: La ASF detectó irregularidades en siete universidades públicas por servicios que se ofrecieron a dependencias federales, pero que al final subcontrataron a empresas que no cumplieron con los contratos.https://t.co/kDQi3CSVTy
— Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) February 22, 2020
Laboratorio de Investigación en Tecnologías de Información de Cosamaloapan fue la empresa más beneficiada por este esquema, ya que participó en dos de estas licitaciones. Una fue en exclusiva para Diconsa, la cual tuvo un valor de 39.7 millones de pesos; mientras que en la otra participó con otras dos empresas, sin que se justificara la entrega de recursos provenientes de Sedatu, y que causó un daño por 50 millones de pesos.
La UPH realizó un convenio con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto de Avalúos y Administración de Bienes Nacionales (Indaabin) –la cual también suscribió contratos opacos con el Itsco- con un valor de 91.2 millones de pesos, el cual eventualmente fue otorgado a un particular.
En el caso de la Autónoma de Chapingo, los 35 millones de pesos recibidos de parte de Sedesol, Diconsa y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) terminaron en las cuentas bancarias de particulares y no existe evidencia de que se hayan entregado los trabajos comisionados ni que se le haya pagado a los proveedores.
La UANL no acreditó contratos irregulares, así como la contratación de 23 personas para un proyecto de salvamento arqueológico llevado a cabo por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), proyectos por los cuales le fueron otorgados 45.1 millones de pesos.
La UPSin recibió 35.7 millones de pesos por parte de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) por prestar un servicio a pesar de no contar con las condiciones para llevarlo a cabo; por lo que subcontrató a siete personas morales que tampoco acreditaron la entrega del proyecto; así como un programa de la SEP en el que no se entregaron los recursos correspondientes a los estudiantes.
La UTCam falló en el cumplimiento de convenios con el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con un valor de 90.8 millones de pesos. No existen documentos que acrediten la entrega a Imcine; mientras que Hacienda asegura desconocer dichos acuerdos.
Con información de La Razón.
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