El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, fue vinculado a proceso por su presunta participación en el delito de desaparición de personas, luego de una audiencia de aproximadamente 14 horas realizada en el juzgado federal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) expuso una investigación relacionada con la posible destrucción de videos y otras evidencias vinculadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Durante la audiencia, el ministerio público federal presentó testimonios que apuntan a que información sobre el posible paradero de los estudiantes habría llegado a autoridades del Poder Judicial de Guerrero durante la noche del 29 de septiembre de 2014. Entre los testimonios mencionados estuvieron los de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, y Blanca María del Rocío Estrada Ortega, visitadora general de ese organismo.
De acuerdo con la información expuesta ante el juzgador, las cámaras del palacio de justicia de Iguala habrían registrado un autobús con estudiantes que eran subidos a otra unidad, aparentemente custodiada por hombres armados que se presume podrían pertenecer a la delincuencia organizada.
La grabación habría sido descargada en un disco y reportada a la presidenta del Poder Judicial guerrerense. Posteriormente, según la teoría presentada por la Fiscalía, la visitadora general habría tomado la información y la habría entregado personalmente al entonces gobernador Ángel Aguirre.
La Fiscalía sostiene que, dentro de ese entramado, el exmandatario habría ordenado la destrucción de los videos junto con otros elementos que pudieran relacionarse con la desaparición de los estudiantes.
La defensa de Aguirre presentó 31 datos de prueba con la intención de cuestionar la teoría del ministerio público federal. Entre ellos estuvieron seis declaraciones de personas que aseguraron que el exgobernador no se encontraba en Guerrero durante la noche del 29 de septiembre, fecha en la que presuntamente habría recibido la grabación.
Los testimonios, tanto verbales como escritos, señalaron que ese día Aguirre habría estado acompañado en una reunión realizada en Polanco, en la Ciudad de México, con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Los abogados también presentaron distintas notas periodísticas e información difundida en redes sociales con la intención de acreditar la presencia del exgobernador en la capital del país durante esa fecha.
Aunque varios de los elementos aportados por la defensa fueron admitidos por el juzgador, finalmente se determinó vincular a proceso a Aguirre debido a la duda existente sobre la posible destrucción de las imágenes que podrían estar relacionadas con el caso de los normalistas desaparecidos.
Como consecuencia de la resolución, el exmandatario permanecerá en el penal del Altiplano. El proceso tendrá un periodo de investigación complementaria de cuatro meses, que concluirá en diciembre próximo, durante el cual el ministerio público deberá recabar evidencias, testimonios y otros elementos relacionados con la investigación.
La defensa de Aguirre informó además que solicitará medidas relacionadas con las condiciones de internamiento del exgobernador, entre ellas el suministro de medicamentos. También anunció que apelará la determinación del juez.
Ángel Aguirre había sido detenido el 6 de agosto, después de que un juez emitiera una orden de aprehensión por los delitos de desaparición forzada de personas y contra la administración de justicia. Ese mismo día fue ingresado al penal del Altiplano, en el Estado de México, presuntamente a bordo de un vehículo blindado que fue escoltado por personal del Grupo Especial de Operaciones de la FGR.
El caso judicial se relaciona con los hechos ocurridos en Iguala y con la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa durante los días 26 y 27 de septiembre de 2014. La investigación presentada ante el juzgador contempla la posible destrucción de material que, de acuerdo con la Fiscalía, podía aportar información sobre el paradero de los jóvenes.
Aguirre es originario de Ometepec, Guerrero, y nació el 21 de abril de 1956. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde también se desempeñó como profesor adjunto.
Su trayectoria política comenzó en 1972 dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). En Guerrero encabezó el gobierno estatal en dos ocasiones. Su primer periodo fue de 1996 a 1999, cuando llegó al cargo bajo las siglas del PRI en sustitución de Rubén Figueroa Alcocer, después de la masacre de Aguas Blancas.
Posteriormente, ganó las elecciones de 2011 como candidato de la coalición Guerrero nos Une, integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.
